Los niños robados

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se ha comprometido este miércoles a que el Estado costee las pruebas de ADN que puedan encargar jueces o fiscales que investiguen casos de niños robados en hospitales durante el franquismo, algo que vienen denunciando en los últimos meses varias asociaciones y grupos de afectados.
Caamaño se ha pronunciado sobre este asunto tras reunirse en la sede de su departamento con representantes de varios colectivos que vienen pidiendo ayuda a la Administración para investigar el robo de niños en hospitales. Como portavoz de estos afectados acudió al encuentro Mar Soriano.
En este sentido, al término de la entrevista, Caamaño ha dicho a los periodistas que había trasladado a sus interlocutores que ofrecía "completamente" la colaboración de su ministerio, siempre dentro del ámbito de sus competencias.
En este sentido, el titular de Justicia ha asegurado que esta ayuda se plasmará en designar a "una persona coordinadora de las diversas plataformas que existen", que se encargará también de dar a conocer entre los colectivos lo que se vaya averiguando.

Acceso a registros

El ministro también se ha comprometido a crear un programa específico en el Instituto Nacional de Toxicología por si es necesario hacer pruebas de ADN, pero ha destacado que esto se hará "siempre que nos lo soliciten los jueces o los fiscales en sus tareas de investigación".
Además, Justicia se coordinará con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas allí donde existan registros sanitarios, con el fin de dar acceso a estas bases de datos a las personas que estén buscando niños robados.
Por su parte, Mar Soriano ha calificado de "muy importante" la reunión con el ministro, puesto que se había comprometido a centralizar la recogida de pruebas de ADN, que, además, serán gratuitas para las familias que estén buscando a niños desaparecidos.
Asimismo, Soriano ha asegurado que el ministro también les había garantizado que se buscarán soluciones para que los familiares puedan buscar en los registros de los hospitales, de manera que no se paralice su investigación si un centro médico les solicita un documento judicial para facilitar ciertos datos.

Franco y sus generales ..........)

Franco y sus generales pierden los honores en los cuarteles militares

Defensa cataloga una decena de acuartelamientos con nombres de militares franquistas para adecuarlos a la Ley de Memoria Histórica

PATRICIA CAMPELO Madrid 15/02/2011 17:21 Actualizado: 15/02/2011 21:04

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El Ministerio de Defensa ha confirmado el cambio de denominación de diez acuartelamientos del Ejército de Tierra que, todavía, conservaban nombres de militares franquistas. (Ver fotogalería). La medida se enmarca en el proceso de catalogación de vestigios de la dictadura que continúan realizando algunas administraciones públicas.
Entre las unidades militares que cambian de nombre se encuentra la Residencia Militar de Estudiantes 'Generalísmo Franco', que pierde el del dictador para asumir el de 'Vallehermoso', según han confirmado fuentes del ministerio de Defensa a Público.es.

En Sevilla el cuartel 'Queipo de Llano' pasa a llamarse 'Pineda', y 'Jaime II' es el nuevo nombre para la base mallorquina 'General Asensio'

El pasado verano, el Regimiento de Artillería Antiaérea 73 de Cartagena recuperó el nombre de Tentegorra, el mismo que tenía antes de que Federico Trillo, como ministro de Defensa de Aznar, lo cambiara por el anterior apelativo franquista de 'López Pinto'. Ahora el ministerio que encabeza Carme Chacón lo ha incluido en el listado de acuartelamientos renombrados.
El general Yagüe conservaba hasta hoy en Burgos los honores de dar nombre al Centro Deportivo Sociocultural Militar, que pasa a llamarse 'La Deportiva', y a la Residencia Militar, que cambia el nombre del militar sublevado— responsable de la masacre de Badajoz, documentada por historiadores como Paul Preston— por el de 'Dos de Mayo'.   
Otro ejemplo de esta retirada de menciones a los generales de Franco es el Centro Deportivo Militar 'General Mola', en Pamplona, que abandona la denominación del general golpista —uno de los principales alentadores del plan sistemático de terror y violencia para la eliminación de civiles inocentes— por el de 'La Ciudadela'. 

Otros pierden el apellido

En Sevilla, el acuartelamiento que honraba la figura de Queipo de Llano —uno de los instigadores del golpe de estado contra el Gobierno de la República junto con Mola y Sanjurjo —, se libera del militar franquista para adoptar la denominación de 'Pineda'. 
El nombre de Mateo Calabro, el ingeniero militar, creador de la Real Academia de matemáticas, puede leerse ya en la fachada de la residencia militar de estudiantes de Barcelona, hasta ahora llamada como el comandante de la división azul, Muñoz Grandes. 
La base militar mallorquina del General Asensio pasa a ser de Jaime II y tanto en Zaragoza (el acuartelamiento militar 'General Bahamonde') como en Talarn, Lérida (la academia general básica de suboficiales 'General Martín Barroso') pierden el apellido franquista. 
La iniciativa cumple con lo establecido en la Ley 52/2007, conocida como de Memoria Histórica, que establece la retirada de "menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".
Dentro del Ejército, las reminiscencias a Franco y a sus generales son frecuentes a través de insignias, placas, escudos y otro tipo de simbología. Tras el renombre de calles y retirada de estatuas de la vía pública, cuya competencia corresponde a los ayuntamientos, el ministerio de Defensa se dispone a aplicar la Ley de Memoria Histórica para eliminar los honores personales otorgados a dirigentes franquistas. 

Mas, y malo de la C-501

 

La carta que podéis ver en la entrada de ayer con  el título “ La Vanguardia ”  está plagada de errores. Errores que no pensamos (para nada) que sean del articulista. Sino de las de siempre.

Las que todo lo han enmarañado en Pedro Bernardo, (Petra e Isabel) en la Memoria Histórica  (Isabel, Ángel, Marisa y Fausto Canales entre otros) Que algunos de ellos con responsabilidades financieras, han ido dejando deudas por doquier.

Como podéis ver no son capaces de poner nombres  y los que ponen mal. El de la madre de María la de Buenaventura   cambiado los apellidos, por consiguiente el de Maria Martín Lopez) ygual .Y, el del profesor,  no aclaran que es solo nieto de  fusilado.

Dicen que se da cuenta al Ayuntamiento, y no dicen que es Petra la que quiere llevar un cirio en el entierro. No se atreven a poner mi nombre, que fui quien  cuando me entero que Petra quiere “llevar la corona a los fusilados” escribo al Juez  para que se paralice la  exhumación, por lo que había escrito de mi Padre: Llamándole forajido y otras lindezas. He publicado ya la carta al juzgado (que no veo ahora) pero en breve os la vuelvo a poner.  Y todavía algún familiar mío la dora la píldora a esta sñora. Es su problema.   

Y viene lo más injurioso:

Hablan de una jueza, que  supongo se refieren a Raquel Robles González, que  no tiene ninguna culpa de aquellos hechos. Y, que además, llegó a la cerca de La Asomadilla , (cuando excavábamos) con todo respeto comedimiento y compostura. Solo se interesó por el estado en que lo íbamos a dejar  con lindes y demás. No así lo hizo su prima  Ester, que llegó como intimidándonos de que su prima era juez. Por lo que a los pocos  días  me publicaron una carta en el Diario de Ávila con el titulo “Juez y parte”.  En tendiendo que Ester, pensara que allí su prima tenia toda la autoridad. (Para nada) Entendiento además, que no sabe nada de "jurisdiciones competenciales"

Pero a Dios lo que es Dios, y al Cesar lo suyo.

La fosa de la carretera 501

La fosa de la carretera 501

Cerca hay otra fosa que no se excava porque está en una finca de la juez que debe autorizarlo | Las familias pasan en coche sobre los restos de sus padres asesinados en el

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Eduardo Martín de Pozuelo

Política | 07/02/2011 - 01:07h

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En la historia de España hay hechos que podría considerarse que, pese a su dramatismo, guardan un final feliz. Son los que acaban con la recuperación de las víctimas, con décadas de miedo y silencio y con la reparación moral de los daños sufridos. Son historias en las que las familias pueden enterrar a sus muertos y experimentar por fin el duelo por la pérdida de sus familiares. Pero hay miles de casos en los que ese final no es posible. Uno de ellos, especialmente penoso, es el de la carretera CL 501, que discurre junto a Arroyo de las Casas, a la altura de Pedro Bernando (Ávila), junto a una vieja cantina.

La carretera fue reparada a sabiendas de que allí había una fosa en la que yacen siete u ocho cuerpos, dos de ellos de mujeres. Sin recorrido alternativo, las familias de los que allí fueron asesinados el 20 de septiembre de 1936 pasan con sus coches por encima de sus muertos. Sólo un letrero, pintado al borde del arcén a brocha y bajo los peligrosos quitamiedos, anuncia un lacónico “fosa común”.

Entre las víctimas está la madre de María Martín González. Faustina González murió aquel 20 de septiembre a manos de unos falangistas que la buscaban a ella y su marido. El hombre estaba segando por el norte de Castilla y León, como era normal entre los jornaleros en esa época. Ella se quedó en el pueblo. Se la llevaron junto con seis o siete personas más (no se sabe con certeza) y los bajaron a empellones hasta un lugar donde el arroyo que da nombre al pueblecito formaba una zanja natural al cruzar bajo un camino que hoy es carretera. Un tiro o dos a cada uno. Y se acabó.

Este relato podía tener otro color si alguien hubiera hecho caso al capataz de la subcontrata que reparó la CL 501 y se topó con lo que le pareció una fosa con restos humanos. Paró la obra, avisó sus jefes y estos al Ayuntamiento de Pedro Bernardo, gobernado por el Partido Popular, que se mostró dispuesto a recuperar los restos.

Pero no se hizo por oposición tenaz y legal –cuentan los especialistas que intentaron e intentan la exhumación– de uno de los descendientes de una de las víctimas que, paradojas de la vida, se casó con la hija de uno de los falangistas que se supone que mataron a los que allí yacen.

Hasta la fecha, la fosa sigue intacta, pero ha sido explorada con georradar: ha dado como resultado la posibilidad de que la zanja tenga unos cinco metros de extensión y quizás algo más de dos de profundidad.

Allí hay cuerpos, pero nadie ordena la exhumación. Mientras, como María, Enrique, profesor del instituto de secundaria del pueblo, pasa con su coche sobre el lugar donde está el cuerpo de su padre al que mataron por ser de izquierdas. Es una historia más. Pero hay muchas, miles. En un pueblo cercano no se excava en la fosa localizada porque está en la finca de la juez que debe autorizarlo.

Garzón afirma que es víctima de una "caza de brujas"

"A partir del 'caso Gürtel' comienzan un acoso y una persecución implacables"

Garzón afirma que es víctima de una "caza de brujas"

La envidia y el juez Garzón

"Cinco de los siete magistrados que me juzgarán son los que admitieron la querella, los que han resuelto los recursos, los que me han denegado las pruebas"

"¿Qué es eso de los pagos de Nueva York del Banco de Santander? ¿Dónde coño hay un pago del Santander a mí? Por Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Porque me llamo Garzón?"

La cineasta catalana, en un texto escrito para presentar su documental, asegura que ya en julio contactó con Baltasar Garzón, a quien no conocía, "para filmar un documento en el que él hablara de la situación por la que estaba atravesando". Le respondió sin darle muchas esperanzas. Garzón se instaló en La Haya, para trabajar de asesor del Tribunal Penal Internacional. "A cada nueva noticia alrededor del juez, crecía mi perplejidad y aumentaba mi estupor", escribe Coixet.

Finalmente, concertaron una cita, y la cineasta le pidió al escritor Manuel Rivas que fuera él quien interrogara al juez, mientras ella controlaba desde detrás de las cámaras la grabación. Durante seis horas, el pasado 18 de diciembre Rivas y Garzón se sentaron cara a cara, pasaron frío juntos y repasaron la carrera de una de las personalidades más importantes de la sociedad actual española. El resultado final es Escuchando al juez Garzón, 84 minutos de un documento revelador que se proyectará en el próximo festival de cine de Berlín el lunes 14, en la sección Eventos Especiales, y que posteriormente podrá verse en Internet en la web de cine indie filmin.es. En un blanco y negro excepcional, que de puro gélido salta a la gama de los azules, Baltasar Garzón recuerda sus primeros pasos como juez -el próximo domingo 13 se cumplirán 30 años del inicio de su carrera judicial-, los recuerdos de amigos ya fallecidos, como el juez Giovanni Falcone, a cuyo entierro asiste el español en mayo de 1993, y que le dejan marcado, o su paso por la política y su análisis de los GAL.

También hay tiempo para que describa con todo lujo de detalles los días previos y posteriores a la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet, y cómo la embajada británica en España apoyó sus pasos. Y en la media hora final llegan los temas actuales, los tres sumarios a los que se enfrenta Garzón. Como describe Coixet: "En medio de todo esto, un juez que, a mi modo de ver, no ha hecho más que hacer su trabajo. Con rigor, con pasión y con entusiasmo. Algo de lo que no andamos precisamente sobrados". El hombre detrás de la figura judicial se enfada, cuenta cómo alguien quemó los coches del ahora marido de su hija y de un escolta, los miedos que ha superado junto a su familia, los asaltos a su hogar y el mancillamiento de su nombre. Es Garzón, sí, pero como nunca le hemos visto. "Al acabar el montaje, se lo mostramos y Garzón dio su aprobación inmediatamente, sin tocar un fotograma", recuerda Coixet. "Luego, dijo tímidamente: '¿No se me ve muy crecido?'. No dudé en contestar: 'Baltasar, si con todo lo que estás pasando, no se te viera crecido, ¡empezaría a preocuparme!". Garzón sigue a la espera de fechas para su juicio.

Auschwitz y los 191 niños muertos en Gaza

03 feb 2011

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Recientemente, con motivo de la fecha conmemorativa, el ministerio de Asuntos Exteriores de España organizó un concierto en el Auditorio Nacional para recordar la liberación del campo de exterminio de Auswitch.
Como en Auschwitz perdieron la vida 1200 republicanos españoles, el ministerio de Exteriores no encontró otra escolanía más apropiada para cantar en el citado auditorio que la de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, monumento edificado por presos políticos republicanos para perpetuar la memoria de los caídos en la Cruzada de Liberación, tal como la santa Iglesia calificó el golpe de Estado de Franco, apoyado por Hitler y Mussolini.
Esa noticia vino a coincidir con la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la denuncia presentada por el abogado sevillano Alberto Revuelta, en junio de 2009, por la muerte de 191 niños palestinos como consecuencia de los bombardeos israelíes contra la franja de Gaza. La que con macabra saña se llamó Operación Plomo Fundido, verificada entre el 27 diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009, fue emprendida por Israel con objeto de atacar la infraestructura de Hamas. El balance de víctimas se cifró en 1.387 muertos, de los cuales más de la mitad fueron civiles y 320 menores de 18 años, según la organización israelí de derechos humanos B’Tselem. En total, las Fuerzas de Defensa Israelíes (DFI) mataron a 191 niños.
Tanta efectividad en acabar con la siembra de vida de la población palestina en 23 días (a más de 8 niños abatidos por jornada), hizo que se cursara, en virtud de los principios de justicia universal que penalizan los crímenes de guerra, la denuncia correspondiente que ahora ha sido archivada gracias a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (noviembre de 2009). El retoque de esa ley, fruto de la presión israelí sobre el ministro Moratinos, hace que ese tipo de denuncias por delitos de genocidio, lesa humanidad o piratería sólo sean juzgados cuando haya ciudadanos españoles afectados por los mismos. Obsérvese, sin embargo, que la denuncia del abogado Revuelta fue presentada cinco meses antes de que entrara en vigor esa normativa reformada.
Que la justicia retroceda ante esos crímenes, que afectan al común de la humanidad, me temo que es el camino más indicado para que Auschwitz y otros nombres de las masacres puedan volver a inscribirse en la historia del porvenir. Sobre todo si se cuenta con la sensibilidad de un ministerio de Asuntos Exteriores como el nuestro.