El PP amaneció el jueves con un comunicado de su responsable de Justicia en el que añadía más leña al fuego de la puesta en libertad y posterior fuga del etarra Antonio Troitiño. Federico Trillo exigió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "
abra una investigación y depure responsabilidades en lo referente a las reuniones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras el escándalo" de la liberación del terrorista y también sobre
"la revocación de la misma decisión".
Como objetivo principal de todas estas críticas, el dirigente conservador apunta al presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, a quien se responsabiliza de la demora en la revocación de la excarcelación. El magistrado es muy cuestionado por el PP desde que presidiera el tribunal que juzgó el 11-M, donde los conservadores se abrazaron a la teoría de la conspiración. Tampoco pasa inadvertido que presidió también la vista por las falsas identificaciones de los cadáveres del Yak-42, de las que Trillo, como exministro de Defensa, es considerado como máximo responsable político.
Pero no sólo presidió ambos tribunales. Fue el
ponente de las dos sentencias y ninguna de ellas satisfizo al partido presidido por Mariano Rajoy.
"Después de lo que ha sucedido apunta Trillo en el citado comunicado yo creo que el CGPJ está obligado a investigar las contradicciones internas de la Audiencia Nacional y la demora en la resolución adecuada; y mucho más la que ha llevado al presidente, Gómez Bermúdez, a plantear para la semana que viene
la reunión plenaria donde tenía que verse este asunto", reza el texto.
Invertir el orden
Fue, además, el ponente de las dos sentencias y ninguna de ellas satisfizo al PP
Con sus declaraciones, Trillo, intenta invertir el orden de los acontecimientos. Antes de que Bermúdez convocase el pleno de la Sala de lo Penal, otro juez, cuyo nombre no aparece en el comunicado del PP, era el encargado de firmar la liberación del etarra, ahora en paradero desconocido. Se trata del presidente de la Sección Tercera de Audiencia, Alfonso Guevara, considerado de talante conservador.
Junto a Guevara, el tribunal estaba formado por los magistrados Ángeles Barreiro y Guillermo Ruiz Polanco, también de perfil conservador. La magistrada Clara Bayarri, de talante progresista, sustituyó a Barreiro, que estaba de vacaciones, en el auto en que se revocó la puesta en libertad de Troitiño.
También Trillo obvia en el comunicado los motivos de Gómez Bermúdez para haber fijado inicialmente para el próximo lunes el pleno en el que se iba a revocar la puesta en libertad. Se da la circunstancia de que el magistrado no podía convocar la reunión antes. ¿Por qué? Porque
la convocatoria para fijar un criterio de todos los jueces de una Sala debe hacerse con un mínimo de 24 horas de antelación y siempre después de que se tramite el recurso, es decir, después de que la defensa presente sus alegaciones.
El comunicado no alude en ningún caso a los jueces responsables del error
Los primeros cálculos del juez, habida cuenta de que el plazo para responder al recurso podía prolongarse hasta el pasado miércoles, le llevaron a convocar el pleno para el siguiente día hábil que, teniendo en cuenta los festivos por Semana Santa, era el próximo lunes día 25, según fuentes jurídicas.
Pero el viernes día 15 la defensa alega que todavía no tenía conocimiento del recurso de la fiscalía a la decisión de excarcelar a su cliente, por lo que debía prorrogarse el plazo del que disponía para oponerse. La Sala de lo Penal
no le concede la prórroga y la defensa se ve obligada a presentar sus alegaciones. Gómez Bermúdez puede agilizar así los plazos y se adelanta la posibilidad de dictar una orden de arresto.
En cuanto la contestación al recurso de la defensa está en manos del tribunal, Gómez Bermúdez actúa: desconvoca el pleno del lunes y, dado que la Sala Tercera estaba reu-nida en Madrid, les devuelve el asunto para que lo resuelva "a la mayor brevedad posible", conforme a una sentencia del Supremo sobre cómputo de condenas a dos etarras según la
doctrina Parot, conocida casualmente esta semana. El martes por la tarde la Sala se reúne, revoca la decisión de excarcelar a Troitiño y dicta una orden de busca y captura.
Responsabiliza al Gobierno de lo que ocurra con las listas de Bildu
Sin embargo, para Trillo, de lo ocurrido se desprenden
"decisiones que pueden implicar error judicial o anormal funcionamiento de la Justicia, supuestos que en la Constitución se contemplan como de responsabilidad del Poder Judicial".
Tras la actuación de Gómez Bermúdez y la de los fiscales, el diputado del PP ve además responsabilidad del Gobierno. Así, cita que decisiones como la del juez "o la de los fiscales que no ordenaron vigilancia tienen carácter gubernativo". "El CGPJ está llamado a investigar y, en su caso, a sancionar", insiste el comunicado. Pero no tiene en cuenta que la revocación de la libertad se ha producido gracias a que la fiscalía recurrió la decisión de la Sección Tercera nada mas tener conocimiento de ella.
Mientras, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, aseguró que no se ha presentado ninguna queja ante el órgano de gobierno de los jueces y que actuará "con suma prudencia" al tratarse de un tema con "cierta apariencia jurisdiccional", informa Efe. Bravo sostuvo que en el caso de que en los próximos días se presentara alguna reclamación o que la Sala de Gobierno de la Audiencia remitiera algún informe del que se desprendiera algún matiz disciplinario se iniciaría
"lógicamente esa investigación".
Ataca a la Fiscalía pero olvida que fue ella la que actuó para solucionar el error
Además, en el comunicado, Trillo respondió a las declaraciones realizadas el miércoles por el ministro del Interior tras el Consejo de Ministros. En ellas, Alfredo Pérez Rubalcaba advirtió de que habría sido "ilegal" poner vigilancia a Troitiño. "Esa argumentación dice Trillo oculta la verdad, y es que, una vez que se recurrió por la Fiscalía, tenía todas las razones para haber procedido al seguimiento e incluso a la detención preventiva del etarra".
También respondió Trillo a las precisiones que Rubalcaba hizo el miércoles sobre el hecho de que son los tribunales los que ilegalizan a los partidos y no la Abogacía del Estado o el Gobierno. Al respecto, el responsable de Justicia del PP sostuvo que "esto de que la Abogacía del Estado y la Fiscalía General son poco menos tan independientes como los jueces y que los responsables del PP que pedimos la impugnación tengamos que volver a las aulas universitarias es una nueva broma".
"Lo que dice el Gobierno"
Trillo sostiene que había motivos para vigilar y detener al terrorista
Los conservadores consideran que "es verdad que quien tiene que recurrir es el abogado general del Estado y el fiscal general, pero dependen del Gobierno y en consecuencia la responsabilidad final y el compromiso con el PP es del Gobierno".
Por ello, sostiene el comunicado, es al Ejecutivo al que la formación conservadora insta "para que se produzcan esas impugnaciones y esa ilegalización". El partido olvida que el Gobierno ha modificado el estatuto fiscal para dotar de más independencia al Fiscal General del Estado.
